Hace menos de 10 años, mis padres no sabían lo que era Internet. No tenían ADSL, ni e-mail ni, por supuesto, cuenta en
Twitter. El único “
gadget” que manejaban orgullosos era un tocadiscos y la mayor ilusión familiar que compartían con sus hijos era, apenas una década antes, tener un video VHS con mando a distancia.
Hoy, mis admirados progenitores consultan su cuenta bancaria a través del ordenador y solicitan
cita médica mediante una aplicación telemática creada para la web por cierta
comunidad autónoma.
Él lee el periódico deportivo en 1024x768 píxeles. Ella, mira su extracto de puntos en un conocido portal turístico e intercambia con su comunidad de amigos internautas los vídeos que ha grabado previamente con su propio teléfono móvil (recuerdo de sus viajes para jubilados).
Los dos son una buena muestra de la revolución tecnológica que ha experimentado nuestro país en apenas 20 años. Y ellos, sí, ellos (¡gracias por aquel
Spectrum 48 Kb del año 1983!) son hoy el argumento que guía este post tan poco convencional sobre la Administración electrónica española.
Sin saberlo, mis padres me han demostrado día tras día que, pese las comprensibles pero no siempre justificadas críticas, los poderes públicos de nuestro país sí creen en las nuevas tecnologías, en el servicio al ciudadano y en el fomento de una verdadera economía del conocimiento.
Resulta curioso que muchas de las personas con la que hablo de estos temas –reconocidos y orgullosos “
geeks”- alaben sin prejuicios las innovaciones de tal o cual compañía y, sin embargo, rechacen siempre de plano las innovaciones del
#OGov nacional.
Son, en la mayoría de los casos, seguidores apasionados de
ipods y de
e-books y de todo aquello que lleve una “e-“ por delante. Sin embargo, no han visto en su vida un
DNI electrónico, como tampoco han tenido –por suerte para ellos- que sellar su
renovación del paro con
certificado digital. Cuando han tenido que presentar su Declaración de la Renta, por ejemplo, no han apreciado suficientemente el hito marcado en materia de “e-gestión” por la
Agencia Tributaria española.
Son millones y millones los ciudadanos que, a la hora del café (elogio al irrepetible
Larra), critican el “ser” de la Administración y la Política española. Pero son los mismos que acuden, mañana tras mañana, a ésta o aquella dependencia municipal para presentar toda clase de solicitudes e ignorando, con su lógico enfado patriótico, que desde hace años esos mismos trámites tienen fácil cumplimentación por vía telemática, desde nuestro propio hogar.
Mis padres, que de esto saben más de lo que creen, hace tiempo que consultan el
Boletín Oficial del Estado (BOE) por Internet en busca de alguna que otra oportunidad para sus ingratos hijos. Miran la previsión del tiempo en la web de la
Agencia Estatal de Meteorología antes de uno de sus felices viajes y domicilian sus tributos locales gracias a las pasarelas de pago creadas entre ayuntamientos y diputaciones y las diferentes
entidades de crédito.
Ellos desconocen que, tras el back-office de éste o aquel despacho “político”, hay miles de personas al servicio de la Res Pública que estudian cómo identificar, simplificar y reducir trámites administrativos, y miles de desarrolladores que crean aplicaciones y páginas oficiales donde tramitar una
ayuda a la dependencia, examinar un documento de
información espacial o conocer los puntos más peligrosos para el
tráfico.
Nada saben de esos anónimos “politicuchos y funcionatas” que hoy, incluso ante la indiferencia de sus compañeros de siglas y de despacho, proponen nuevas ideas, herramientas y reformas legislativas para que la transparencia, honestidad, participación y eficiencia lleguen a nuestros gobiernos de la mano de las TIC.
Pero, a diferencia de mis apasionados amigos “geek”, ellos sí utilizan la e-administración española y se benefician de sus ventajas. Ellos, mis padres, son un ejemplo de cómo marcar a los denostados profesionales públicos los auténticos retos tecnológicos de nuestro país.
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