El anuncio del primer ministro David Cameron de suprimir el 75 por ciento de los portales públicos del Reino Unido ha abierto un nuevo frente de batalla en la Red.
Para algunos, la medida forma parte de un proceso lógico destinado a racionalizar la presencia de las instituciones en la Web; otros, sin embargo, temen que con ella, y aprovechando la oleada de recortes en el viejo continente, comiencen a imponerse criterios exclusivamente economicistas y no sociales en el desarrollo del Gobierno y la Administración Electrónica.
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